Cómo reducir la administración pública española (y el déficit) según ChatGPT

Contenidos

PLAN INTEGRAL Y GRADUAL PARA LA REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ESENCIALES

1. RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Identificación y eliminación de duplicidades entre niveles de gobierno

  • Creación de una Unidad Interadministrativa Permanente (UIPD) para la detección de duplicidades competenciales y funcionales entre Estado, CCAA y entidades locales.

  • Mapa funcional completo de competencias y servicios públicos, identificando solapamientos en áreas como medioambiente, empleo, juventud, comercio o turismo.

  • Eliminación o reasignación de competencias duplicadas, estableciendo un marco de subsidiariedad efectiva y evitando la prestación compartida innecesaria.

1.2 Fusión o eliminación de organismos redundantes o con escaso impacto

  • Revisión exhaustiva de organismos autónomos, entes instrumentales y agencias en todos los niveles.

  • Criterios de evaluación: impacto real, coste-beneficio, nivel de ejecución presupuestaria, solapamiento funcional.

  • Ejemplo: fusión de agencias con competencias similares en innovación o formación.

1.3 Revisión del papel de diputaciones, consejos comarcales, consorcios, etc.

  • Replanteamiento del rol de las diputaciones provinciales, especialmente en las CCAA uniprovinciales.

  • Fomento de mancomunidades voluntarias o supramunicipales, con incentivos para fusión de servicios en municipios pequeños.

  • Auditoría funcional y financiera de consorcios y entes comarcales para su simplificación, fusión o disolución.

2. OPTIMIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

2.1 Planes de jubilación anticipada no reemplazada

  • Programa de retiro voluntario anticipado con incentivos para perfiles no críticos y con funciones prescindibles.

  • Objetivo: reducción natural del empleo público del 5% en 10 años, sin impacto en servicios esenciales.

2.2 Reasignación de personal y movilidad interadministrativa

  • Plataforma única de gestión de recursos humanos públicos (Estatal, CCAA y EELL).

  • Reasignación funcional e interterritorial de personal según demandas del servicio y capacidades disponibles.

2.3 Evaluación de productividad y reformas en la función pública

  • Implantación de evaluaciones periódicas de desempeño vinculadas a objetivos.

  • Modernización del sistema de carrera profesional: mérito, productividad y formación continua.

2.4 Incentivos a la eficiencia y revisión de complementos salariales

  • Revisión de complementos específicos y de destino no justificados por funciones reales.

  • Introducción de bonificaciones variables por cumplimiento de objetivos institucionales y calidad del servicio.

3. DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS

3.1 Uso de inteligencia artificial, plataformas únicas y automatización de procesos

  • Despliegue de plataformas únicas por servicio (educación, licencias, subvenciones, empleo).

  • Automatización de tareas repetitivas con IA (gestión documental, análisis de datos, atención ciudadana).

3.2 Reducción de oficinas físicas y fomento del teletrabajo

  • Plan de reestructuración inmobiliaria: cierre o fusión de oficinas infrautilizadas.

  • Consolidación del teletrabajo híbrido en funciones administrativas no presenciales.

3.3 Interoperabilidad entre sistemas administrativos y simplificación de trámites

  • Generalización de plataformas interoperables entre administraciones.

  • Revisión y eliminación del 25% de los trámites administrativos más redundantes o innecesarios en 5 años.

4. REVISIÓN DEL GASTO ESTRUCTURAL

4.1 Presupuestación basada en resultados e indicadores de desempeño

  • Implementación progresiva de presupuestos por programas en todos los niveles de la administración.

  • Indicadores clave por servicio, con evaluación anual de impacto social y eficiencia.

4.2 Auditorías periódicas de programas públicos y contratos

  • Refuerzo de la AIREF y Tribunal de Cuentas, ampliando su capacidad técnica y mandatos específicos sobre gasto ineficiente.

  • Publicación y seguimiento de los informes con implicaciones reales en la continuidad presupuestaria.

4.3 Centralización de compras públicas para generar economías de escala

  • Plataforma única de compras públicas (software, material sanitario, energía, etc.).

  • Objetivo: ahorros de hasta el 15% en contratos agrupados.

4.4 Racionalización del uso del parque inmobiliario público

  • Inventario nacional del parque inmobiliario.

  • Venta o alquiler de inmuebles infrautilizados y priorización del uso compartido interadministrativo.

5. EVALUACIÓN Y REFORMA DE EMPRESAS PÚBLICAS

5.1 Privatización selectiva de entidades no estratégicas

  • Auditoría de empresas públicas según criterios de rentabilidad, impacto estratégico y prestación alternativa privada.

  • Ejemplo: externalización de empresas de gestión de suelo, ferias, o servicios logísticos no esenciales.

5.2 Reestructuración o cierre de empresas deficitarias

  • Liquidación ordenada de empresas con déficit estructural recurrente sin valor añadido claro.

  • Conversión de ciertas empresas en agencias o entes dependientes más fiscalizados.

5.3 Profesionalización de la gestión y revisión de objetivos

  • Nombramientos basados en criterios técnicos y evaluables.

  • Introducción de contratos-programa con indicadores anuales vinculantes para equipos directivos.

6. REFORMA INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL

6.1 Revisión del modelo autonómico y del reparto competencial

  • Revisión de competencias concurrentes entre Estado y CCAA (empleo, educación superior, I+D, turismo).

  • Avanzar hacia un modelo de claridad competencial con financiación asociada a resultados.

6.2 Mecanismos de cooperación interadministrativa

  • Creación de agencias mixtas o consorcios de cooperación interterritorial para servicios como justicia digital, emergencias o infraestructuras estratégicas.

6.3 Fondos de compensación territorial y mejora de la equidad fiscal

  • Reformulación del sistema de financiación autonómica con un componente de equidad territorial transparente y basado en necesidades objetivas.

  • Refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial con condicionalidad y evaluación.

6.4 Pactos políticos y sociales para blindar reformas a largo plazo

  • Pacto de Estado por la eficiencia pública, que incluya a partidos, sindicatos y sociedad civil.

  • Cláusulas de irreversibilidad en reformas estructurales clave mediante legislación orgánica.

7. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y EXTERNALIZACIÓN INTELIGENTE

7.1 Externalización en servicios no estratégicos con contratos transparentes

  • Externalización selectiva de tareas auxiliares (limpieza, mantenimiento, atención no cualificada).

  • Contratos con cláusulas de calidad, control y penalizaciones objetivas.

7.2 Concesiones de infraestructuras y alianzas en innovación y mantenimiento

  • Promoción de modelos concesionales con reparto de riesgos equilibrado en grandes infraestructuras.

  • Alianzas estratégicas en sectores como salud digital, energías renovables o movilidad sostenible.

8. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

8.1 Reforzamiento de órganos de control, publicación de datos abiertos

  • Dotación técnica de organismos como la IGAE, AIREF y TCu.

  • Obligación legal de publicar todos los contratos, convenios y subvenciones en formato abierto.

8.2 Sistemas antifraude y sanciones por mal uso de fondos

  • Extensión de sistemas de alerta temprana de irregularidades (como el de los fondos NextGen) a todo el gasto público.

  • Endurecimiento de sanciones por fraude y malversación.

8.3 Combate a la economía sumergida y fraude fiscal

  • Reforzamiento de la AEAT con más medios digitales y analíticos.

  • Campañas masivas de control sectorial en sectores de alto riesgo (construcción, hostelería, comercio informal).

9. EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y GRADUALIDAD

9.1 Medidas para evitar recortes en servicios esenciales

  • Blindaje legal del gasto en sanidad, educación y pensiones como porcentaje mínimo del PIB.

  • Planes sectoriales de eficiencia sin reducción de coberturas ni plantillas clave.

9.2 Implementación escalonada con mecanismos de monitoreo y ajuste

  • Calendario plurianual de implementación (5–10 años).

  • Panel técnico de seguimiento e informes semestrales con posibilidad de ajustes correctivos.

9.3 Inclusión del diálogo con sindicatos, CCAA y ciudadanía

  • Mesas sectoriales de reforma administrativa con representación sindical y autonómica.

  • Participación ciudadana mediante plataformas digitales de deliberación.

10. ESTIMACIÓN DEL AHORRO POTENCIAL Y BENCHMARKING INTERNACIONAL

10.1 Proyección del ahorro fiscal potencial

  • Ahorro proyectado a 10 años: entre 2,5% y 4% del PIB (35.000 a 55.000 millones de euros anuales).

  • Margen adicional mediante reducción del fraude: 1% del PIB adicional.

10.2 Comparación con experiencias internacionales

  • Suecia: racionalización administrativa post-crisis de los 90, apuesta por la eficiencia del gasto público.

  • Reino Unido: «Spending Reviews» periódicas, digitalización integral y outsourcing inteligente.

  • Estonia: referencia en automatización total, interoperabilidad y eliminación de oficinas físicas.

CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

La sostenibilidad fiscal del Estado español requiere una reforma estructural integral de la administración pública, basada en eficiencia, racionalidad territorial, transparencia y gobernanza colaborativa. Reducir el déficit no debe suponer recortes indiscriminados, sino una transformación gradual, evaluada y consensuada, que preserve los servicios esenciales y garantice la cohesión social.

La clave está en combinar:

  • Tecnología y digitalización como motor de cambio.

  • Colaboración y transparencia como principio rector.

  • Gradualidad, pactos y evaluación como garantía de viabilidad.

Un nuevo contrato social y territorial en torno al servicio público del siglo XXI es imprescindible para una España más eficiente, justa y resiliente.